El Carro de la Carne en la Guerra Civil

El domingo 19 de julio, a las tres de la tarde, las calles del barrio de la Guindalera en Madrid ya no eran las mismas. Desde hacía dos días, la sublevación del Ejército de África contra el gobierno del Frente Popular mantenía en vilo a toda España. En la capital, el ambiente estaba cada vez más cargado de tensión. Se oían rumores de tiroteos, de detenidos y de calles tomadas por milicias. En la calle Pilar de Zaragoza, el sonido de los pasos apresurados rompió la tranquilidad del calor veraniego.

Milicianos armados y guardias de asalto entraron en el número 10. Minutos después, sacaban a empujones a un hombre y a sus tres hijos. No los llevaron lejos. Apenas unos metros más adelante, en el portal del número 14, les dispararon a quemarropa. Los cuerpos quedaron tendidos en el suelo. Aquella era la primera ejecución de civiles en la ciudad desde el comienzo del conflicto. Y no sería la última.

La noticia apareció en algunos diarios madrileños en forma de breves notas, gacetillas que apenas daban detalles. Se hablaba de un tiroteo y se sugería que las víctimas estaban vinculadas con el fascismo. Sin pruebas, sin investigación, sin derecho a réplica. La prensa justificaba lo ocurrido como una reacción de la “revolución” que acababa de empezar.

Porque eso era lo que ya se decía abiertamente: no solo se estaba luchando contra un golpe militar, sino que había comenzado algo más profundo. Un nuevo orden. Dos días después, el 21 de julio, el propio Comité del Frente Popular —conformado por socialistas, comunistas y republicanos— lo dejaba claro en un manifiesto. Afirmaba que España entraba en una nueva etapa, y que la revolución abría el camino al progreso. En aquellas primeras jornadas, el gobierno comenzó a ceder poder a las milicias, entregándoles armas y autoridad. Con ello, dio lugar a una estructura paralela que pronto escaparía a su control.

Miles de voluntarios se organizaron para frenar a las tropas rebeldes en los accesos a Madrid. Otros, sin embargo, se quedaron en la ciudad para “vigilar” a los enemigos internos. Bastaba una sospecha, una denuncia anónima, una creencia ideológica, para ser detenido o ejecutado. Desde balcones y azoteas, algunos tiradores aislados, los llamados «pacos» por el sonido del disparo, abrían fuego contra las milicias que apoyaban el golpe.

En apenas 24 horas, la violencia se instaló en la capital como una sombra permanente. Las autoridades republicanas trataron de frenar aquella locura. El 21 de julio, recomendaron a las milicias actuar bajo dirección oficial y se intentó culpar a “fascistas infiltrados” de los saqueos y asesinatos. El 25 de julio, el Ministerio de Gobernación impuso un toque de queda, prohibiendo la circulación de personas armadas sin permiso. Pero esos permisos eran emitidos libremente por los comités locales, lo que hacía imposible controlar la situación.

En los medios de comunicación se repetían llamamientos a la calma, incluso desde los sectores más radicales. El diario El Socialista publicaba a toda página: “Confiamos en la serenidad de los grupos ciudadanos que ejercen la vigilancia en las calles”. Algunos líderes políticos pedían piedad. Pero otros, sin embargo, hablaban ya de exterminar a los enemigos sin cuartel.

Madrid se convirtió en una ciudad vigilada, donde el miedo estaba en todas partes. La revolución avanzaba, y el Estado se desvanecía entre comunicados, proclamas y tiros al amanecer. Lo que había comenzado el 19 de julio como una respuesta al golpe, se estaba convirtiendo en una espiral de violencia sin freno.

En aquellos primeros días del miedo, cuando Madrid aún trataba de comprender en qué abismo se había precipitado, el amanecer trajo consigo una rutina nueva y macabra., la aparición de asesinados por toda la capital. Los llamaban los «besugos» y aparecían desperdigados por cualquier lugar, en cunetas, glorietas y callejones. El nombre venía de la expresión de sus rostros, con los ojos abiertos, vidriosos, fijos en la nada, como los pescados en un puesto del mercado.

El ayuntamiento tuvo que intervenir y organizó un servicio municipal especial para recoger los cuerpos antes de que los vecinos se toparan con ellos al amanecer. El camión, pronto conocido como «el carro de la carne», recogía cada día los muertos de la noche anterior.

Entre quienes realizaban aquella tarea se encontraba Cayetano Cano Barrero, un empleado de parques y jardines, que era también portero en una finca de la plaza de Santiago. Su nombre aparecía en los registros como trabajador de la Casa de Campo, pero su jornada había dejado de estar entre flores y setos. Durante algo más de una semana, fue uno de los encargados de levantar los cadáveres que amanecían desperdigados entre la glorieta de Siete Hermanas y la Puerta del Ángel. Su labor era sencilla y brutal: cargar los cuerpos en la parte trasera del camión y llevarlos hasta el cementerio.

Lo acompañaban otros dos empleados municipales. Un empedrador y un antiguo suboficial de cornetas. Este último tenía una misión clara: «presenciar los trabajos y evitar que algún empleado tratara de desvalijar los cadáveres». Ni relojes, ni anillos, ni carteras. Solo cargar y seguir. Porque en esa rutina sin nombres ni oraciones, el respeto no era una elección: era lo único que les quedaba.

Según se supo después en la declaración de Cayetano «Calcula que en los ocho días aproximadamente en que se dedicó a este servicio recogería de cincuenta a sesenta cadáveres ignorando a las personas a que pertenecían». Nadie les preguntó sus nombres. Tampoco los supieron. La ciudad estaba demasiado ocupada escondiéndose, señalando, huyendo o matando como para interesarse en quién caía cada noche. A veces se encontraban varios juntos, otras uno solo, como si lo hubieran dejado allí con descuido. Siempre con los ojos abiertos.

Aquel servicio terminó a comienzos de agosto, cuando «el ayuntamiento prohibió que se fusilaran más personas en aquella sesión ». Pero la muerte no se mudó muy lejos.

Pasado el tiempo, cuando el miedo cambió de bando, los papeles se invirtieron. Lo que había sido un deber se convirtió en una acusación. Cayetano fue detenido en octubre de 1939, aunque era afiliado a UGT desde 1932, sus vecinos declararon a su favor frente a los vencedores, pero aún así fue procesado. Se le acusaba de haber ayudado «a recoger los cadáveres de las personas que habían sido vilmente asesinadas por la horda roja» y de haberlo contado después con cierta ligereza. Alguien lo denunció. El denunciante afirmaba que «dicho individuo debe conocer alguna de las personas que cometían estos asesinatos, puesto que se jactaba en público de haber recogido todos los días tantos o cuantos de forma regocijante».

Cayetano reconoció su labor. había dicho que «se dedicó en la Casa de Campo a recoger en unión de Manuel Álvarez García los cadáveres de los que habían sido vilmente asesinados y cargarlos en un camión del Ayuntamiento de Madrid, donde los transportaban al cementerio de La Almudena donde recibían cristiana sepultura por mandato del administrador de la Casa de Campo don Rogelio García Soleto», los días de jardín y oficio terminaron para él cuando comenzaron los combates en la Casa de Campo. Después fue portero otra vez. hasta que en junio de 1938 fue movilizado en un batallón de fortificaciones.

Cuando fue arrestado en octubre de 1939, ya estaba bajo vigilancia. Hacía meses que un tribunal especial había abierto un expediente en su contra por los mismos hechos. En aquel momento se encontraba en libertad provisional, a la espera de una resolución. Aquel segundo proceso, sin embargo, acabó archivado sin juicio. No hubo condena.

Madrid, para entonces, ya no era la misma. Las calles seguían llenas de sombras, pero el silencio había cambiado de lado. La historia de aquellos amaneceres, del camión que recogía cuerpos con la indiferencia de una rutina mecánica, quedó enterrada junto a los besugos. El carro ya no circulaba, pero su eco todavía cruzaba la ciudad, como un recuerdo incómodo que muchos ya han olvidado.

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